Se llamaban…

Se llamaban…

La reciente activación del Título III de la Ley Helms-Burton y las primeras demandas espurias e insolubles ante los tribunales estadounidenses contra empresas cubanas y extranjeras radicadas en nuestro país, por parte de los antiguos propietarios o presuntos herederos de sus inmuebles o terrenos, nos permitió en los últimos meses recordar en numerosos colectivos laborales las injusticias y agresiones que desde sus inicios debió enfrentar la Revolución.

 

Foto: Abel Padrón Padilla

Una impresión muy particular me produjo, por ejemplo, el reportaje que publicáramos sobre la refinería Ñico López, donde pudimos constatar cómo los trabajadores de lo que hace tanto tiempo fuera la Esso Standard Oil Company, conservan bien viva la memoria de todo lo que allí aconteció antes y después de la intervención de esa industria el 1.º de julio de 1960, una de las primeras grandes compañías yanquis que pasaron a ser patrimonio de nuestro pueblo, como reacción ante las acciones imperialistas para boicotear la economía nacional.

Precisamente en este mes de agosto se cumplen 59 años de importantes acontecimientos relacionados con aquellas nacionalizaciones de las empresas estadounidenses, durante jornadas de gran efervescencia popular cuya impronta cobra particular trascendencia en la actual coyuntura de mayor hostilidad del Gobierno del Donald Trump contra nuestro país.

Al clausurar el I Congreso Latinoamericano de Juventudes en lo que es hoy el Estadio Latinoamericano, Fidel anunció la noche del 6 de agosto de 1960 la nacionalización de 26 compañías estadounidenses que poseían tres refinerías de petróleo, los monopolios de la electricidad y del teléfono, así como 36 de los mejores centrales azucareros del país.

Fue un proceso absolutamente legal, sobre la base de normas jurídicas nacionales e internacionales vigentes en aquel momento, el cual ya tenía un precedente en la Ley de Reforma Agraria de 1959, y que continuó con la nacionalización de tres bancos en septiembre de 1960 y de las demás propiedades estadounidenses en octubre de ese mismo año.

La sujeción y el respeto al derecho de esas medidas llegaron incluso a concebir las vías para compensar a las firmas y personas involucradas en las nacionalizaciones, mediante acuerdos bilaterales que funcionaron con otros países, pero no con los Estados Unidos, pues su Gobierno lo impidió al rechazar cualquier negociación con el naciente Estado Revolucionario, hacia el cual desató una escalada de guerra económica, política y militar que cerró cualquier posibilidad de entendimiento durante décadas.

Por ello resulta muy significativo que la actual Administración de los Estados Unidos, tan alejada como sus antecesoras, e incluso más, de la observancia de los principios del Derecho Internacional, pretenda emplear contra Cuba un engendro jurídico tan cuestionable ética y técnicamente, como la Ley Helms-Burton, en lo que parecería una burla cruel si no fuera una herramienta tan peligrosa y nociva.

Esta historia tan elocuente merece que la conozca cada colectivo de trabajadores, sus dirigentes sindicales y administrativos, en particular en cada centro de trabajo que antes de 1959 eran propiedad de empresas extranjeras, y sobre todo las norteamericanas, para que puedan explicar a las actuales y futuras generaciones lo que fueron y lo que ahora son, en legítima defensa de nuestros intereses patrióticos.

Aquellas jornadas de hace ya casi seis décadas tuvieron otro punto culminante el 17 de agosto de 1960, cuando el pueblo habanero vitoreó la retirada de los letreros identificativos de algunas de las más relevantes compañías yanquis nacionalizadas, como la Cuban Telephone Company o la Cuban Electric Company.

Desde el Palacio de los Trabajadores, sede de la CTC, la población marchó aquel día con varios ataúdes que representaban a los diversos monopolios expropiados, en una caminata simbólica hasta el Malecón. Cuentan que al grito de cada una de las empresas estadounidenses, la multitud respondía en un coro gigantesco con una frase: “¡Se llamaba!”.

Todavía hoy, en pleno siglo XXI, ante sus pretensiones de reconquistar propiedades ilegítimas, podríamos responderle igual a míster Trump y comparsa.

 

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