Activación del Título III de la Ley Helms-Burton es un ataque a la soberanía y al Derecho Internacional

Activación del Título III de la Ley Helms-Burton es un ataque a la soberanía y al Derecho Internacional

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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, calificó de ataque al Derecho Internacional y la soberanía la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, iniciativa que busca el cambio de régimen en la isla caribeña.

Poco después que el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunciara en Twitter la decisión de Washington de permitir reclamaciones en cortes norteamericanas sobre propiedades ‘confiscadas’ (como llaman a las nacionalizaciones de la Revolución cubana), Rodríguez expresó en la propia red social su enérgico rechazo.


De acuerdo con el canciller, se trata de un ataque a la soberanía de Cuba y otros Estados, considerando el carácter extraterritorial del Título III, dirigido a privar a la mayor de las Antillas de inversiones extranjeras, amenazando a los socios actuales y potenciales.

De acuerdo con el reporte de Prensa Latina, el canciller cubano señaló en otro tuit: «La agresiva escalada de Estados Unidos contra Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos», a propósito de la celebración este 19 de abril de la primera gran derrota del imperialismo estadounidense en América Latina, tras el fracaso de la invasión mercenaria de 1961 en las arenas de Playa Girón.

El director general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, enmarcó la decisión anunciada hoy en las décadas de intento de golpear la economía de la nación caribeña, víctima de casi 60 años de bloqueo.

Si bien esta medida demuestra la capacidad de Washington de causar daño, evidencia sobre todo el fracaso en su empeño en doblegar la voluntad de los cubanos de defender su soberanía, subrayó.

Por su parte, el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, anunció hoy que la administración de Donald Trump implementará por completo el Título III de la controvertida Ley Helms-Burton contra Cuba a partir del próximo 2 de mayo.

«Estoy anunciando que la administración de Donald Trump no suspenderá más, a partir del 2 de mayo, el derecho a presentar una acción bajo el Título III, que será aplicado por completo», expresó el jefe de la diplomacia en una comparecencia ante los medios de prensa en el Departamento de Estado.

Durante la alocución, en la que repitió los ataques y la retórica injerencista frecuentemente usada por el Gobierno norteamericano contra el país caribeño, Pompeo manifestó que ya informó al Congreso sobre esta decisión.

El Título III permite interponer una demanda contra aquellas personas o empresas de terceros países que inviertan en el territorio antillano en las propiedades nacionalizadas, una actividad a la que Washington califica de tráfico con propiedades norteamericanas en Cuba.

La medida, desde que se aprobó la Helms-Burton en 1996, tuvo el propósito de frenar la inversión extranjera en la isla, como ratificaron este miércoles las palabras de Pompeo, quien dijo que ‘cualquier persona o compañía que esté haciendo negocios en Cuba debe escuchar este anuncio’.

El titular les advirtió que son vulnerables a demandas y los llamó a investigar si están conectados con propiedades ‘robadas’, a pesar de que las nacionalizaciones fueron un proceso con apego a la legalidad y al derecho internacional, en el que Estados Unidos se negó a aceptar acuerdos de compensación propuestos por Cuba.

Al dar este nuevo paso, el Gobierno de Trump ignora los llamados de sus aliados de la Unión Europea (UE), que le advirtieron de su oposición a la medida y señalaron la posibilidad de llevar el tema a la Organización Mundial del Comercio.

Preguntada sobre este tema, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, expresó que no habrá ninguna exención en la puesta en marcha del Título III para compañías europeas o de otros países como Canadá.

Las compañías europeas que operan en Cuba no tienen nada que temer si no están en ‘propiedad robada’ de estadounidenses, por lo que la mayoría de las empresas de la UE no tienen nada de qué preocuparse en sus operaciones en la isla, apuntó.

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