Derecho y deber

Derecho y deber

Aunque en los últimos años las asambleas de presentación e información del Plan y el Presupuesto de la economía en los colectivos laborales se han convertido en un escenario de democracia participativa de los trabajadores cubanos, en muchos aún se asumen como un espacio formal e ideal para “inflar globos”.

Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera/ Cubadebate.
Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera/ Cubadebate.

Lograr una comprensión total del Plan que debe materializarse en cada jornada y el presupuesto existente para hacerlo realidad —y sobre todo, que esas cifras hayan sido pactadas en colectivo con anterioridad y no impuestas desde instituciones superiores— deben ser objetivos generalizados de este esencial proceso y no excepciones.

Para ello resulta primordial que esas reuniones, en las que se presenta y se informa el porvenir de todo un año, propicien el intercambio entre empleador y empleados y logren no solo exponer, sino pactar acuerdos donde se asuman los intereses del colectivo. Sean interpretadas además, como un momento importantísimo con repercusión en la economía nacional y familiar.

Varios trabajadores encuestados en la provincia de Sancti Spíritus expresan que este proceso se asume como una exposición informativa de números calculados por especialistas que en pocas ocasiones tienen en cuenta criterios reiterados por quienes laboran en la base, como la obsolescencia tecnológica o la inestabilidad de las materias primas. De ahí que muchas veces se realicen reajustes en el trascurso del año y quede sin sentido la premisa de que “el Plan es sagrado”.

A razón de Eduardo Batista Ramírez, miembro del Secretariado Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio espirituano, ello sucede porque algunas administraciones pasan por alto lo recogido en el Lineamiento 14 del VII Congreso del Partido (Avanzar en la participación activa y consciente de todos los colectivos laborales en el proceso de conformación de la propuesta, ejecución y control de los planes de sus organizaciones, enmarcados en las políticas y directivas aprobadas por el Gobierno, según lo acordado en los convenios colectivos de trabajo), donde los trabajadores pueden y deben participar en un momento previo: la discusión y preparación del Plan para el año venidero.

Otra inquietud que devalúan estas reuniones según sus protagonistas —los trabajadores— es que se efectúan ya avanzado el año. Sobre este aspecto, Batista Ramírez considera que ello ocurre principalmente en el sector presupuestado, donde se espera por la aprobación de las asambleas municipales del Poder Popular y la posterior desagregación.

En este 2019, en la geografía espirituana, entidades del sector empresarial como las pertenecientes a Comercio y Gastronomía hacen reajustes en el calendario de las asambleas por modificaciones en las cifras anteriormente planificadas.

Particularmente en algunas industrias se informará solo lo correspondiente al primer trimestre y la presentación continuará en la medida en que arriben las materias primas, precisó.

La realización de estas asambleas impone metas y compromisos económicos y productivos hacia el interior de los colectivos, para lo que resulta esencial la participación consciente y activa de los trabajadores, que asumen, junto a una verdadera representatividad de los dirigentes sindicales, un derecho y un deber.

Ellos deben convertirse en portadores de una información comprensible, y sobre todo en sujetos activos y movilizados conscientemente en la búsqueda de soluciones oportunas capaces de resolver problemas y encaminar a las entidades por el sendero de la eficiencia.

Se precisa encauzar los pasos definitivos para revertir la pirámide, y que los trabajadores no tengan una simple actitud expectante de una información expuesta por la administración, sino sean personas dispuestas a contribuir a resolver contratiempos, encontrar alternativas para imponerse a las carencias, no derrochar lo que se tiene y cumplir el Plan.

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