Por razones obvias la propiedad socialista de todo el pueblo ocupa lugar preferente entre las existentes en Cuba, las que están bien definidas en la Conceptualización del Modelo Económico. Aunque las demás —cooperativa, mixta, privada, y de organizaciones políticas, de masas, sociales y otras entidades de la sociedad civil— tienen peso en la balanza.
Pero ese enunciado teórico no significa en la práctica que todo marche sobre rieles de forma armónica, progresiva y estable. El tipo de propiedad, sustentada fundamentalmente en la empresa estatal socialista, como eslabón esencial, tiene aún que lograr mayor eficiencia y eficacia, y la activa participación, como dueños al fin, de los trabajadores y los restantes entes sociales.
En esos senderos queda todavía un largo trecho por recorrer. En el foro on-line que sobre el tema realizó el sitio en Internet de este periódico, el profesor Lázaro Díaz Fariña hizo una definición que considero básica: “Sobre todo que esa propiedad reproduzca la sociedad; que deje de ser lo que en la academia llamamos la socialización formal y resulte capaz de reproducir el agregado social. O sea, lo que sería la socialización real: administrar coherentemente estos bienes en beneficio de toda la sociedad, lograr niveles de prosperidad a partir de los procesos de producción y de reproducción efectuados en esta”.
En cuanto a la estructura se han realizado transformaciones. En el entramado económico cubano aparecieron las Organizaciones Superiores de Desarrollo Empresarial (Osde), los grupos por sectores y las unidades empresariales de base. Normativas aprobadas les confieren a las direcciones de las entidades prerrogativas que antes no tenían, a fin de “liberarles las manos” y atribuirles más autonomía.
¿Dónde radican los problemas esenciales?
Como señalé anteriormente, uno de estos es que no se alcanza la eficiencia integral requerida, entiéndase como cumplimiento de los planes y compromisos, productividad del trabajo, calidad de la producción y los servicios, reducción de los costos, ahorro…, y otro radica en el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas.
Siempre que se visita una empresa con favorables resultados en su gestión y cumplidora de modo eficaz del encargo estatal correspondiente, una de las razones que exponen los miembros del colectivo es el sentimiento de pertenencia. Si el trabajador no se siente copropietario de la maquinaria que opera, difícil o casi imposible será lograr productividad y calidad elevadas. Y en ese aspecto mucho influye el compromiso, la motivación y la atención personalizada. Eso solo se alcanza con acciones concretas y permanentes, concebidas y diseñadas con ese fin, especialmente cuando el trabajo es retribuido adecuadamente.
Otra asignatura pendiente es la participación activa de los trabajadores en la dirección de los centros o entidades. Una simple concepción lleva a pensar: si soy dueño, si la propiedad me pertenece, tengo entonces derecho a participar en las decisiones colectivas, a encauzar, analizar, proponer, criticar… Pero no siempre sucede así. Un espacio existente y en ocasiones poco utilizado de manera adecuada es la asamblea general de afiliados y trabajadores, organizada y dirigida por la sección sindical. Algo parecido sucede también con la discusión de planes y presupuestos de la economía y la posterior presentación, ejecución y control.
En estos procesos resulta imprescindible escuchar bien y tener en cuenta las consideraciones emitidas por quienes en sus puestos laborales impulsan la economía, a través de la producción y los servicios. Si perdura la incoherencia de imponer cifras y designios, los entes activos de la sociedad nunca serán dueños verdaderos.
Por eso, si de propiedad se trata, no solo hace falta potenciar el qué, sino también el cómo y para quién.
