La Constitución es la expresión de la voluntad del pueblo

Con la autoridad que le ejerce el magisterio, la vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Constitucional y Administrativo, doctora Martha Prieto Valdés, inició el diálogo con los periodistas donde se aclaró que su objetivo no era “polemizar sino plantear algunas cuestiones técnicas” en relación con el Proyecto de Constitución que por estos días se lleva a consulta popular.

En la Casa de la Prensa la destacada profesora de la Universidad de La Habana abordó algunos elementos en la ponencia denominada Constitución, Estado, individuo y sociedad. Cuba 2019, en la cual argumentó la trascendencia de la propuesta de Carta Magna y la labor que deben desempeñar los periodistas, comunicadores y socializadores de la información, no solo “ahora en el debate”, sino en el futuro mediato, pues “la diversidad de ideas es valiosa, importante, necesaria, si no no hay construcción de sociedad”.

El haber participado y vivido procesos similares anteriores le brinda a la académica la posibilidad de ver la amplitud del texto actual y comprobar de qué manera se ha atemperado con las condiciones de la Cuba de hoy.

Alertó que podemos tener una Constitución “muy linda”, pero resulta imprescindible instrumentarla, lograr que sus postulados se cumplan, que los principios no se queden en la vaguedad.

Maestra, al fin y al cabo, como aseguró, prefirió —para evitar confusiones e interpretaciones— definir qué es una Constitución.

Se ha planteado en reiterados momentos — subrayó— que es un texto de principios, es verdad. Pero no solamente. Es ley y las leyes son para aplicarse; debe quedar claro que es un conjunto de normas que establece mínimos y máximos; la base para la construcción del Estado, para la actuación de todos.

“Si estamos hablando de que la Constitución es la expresión de la voluntad soberana de un pueblo, ¡por encima del pueblo, el pueblo! Por lo tanto, ahí están el qué y el cómo, los márgenes, los límites jurídico-políticos, el tope de hasta dónde se puede actuar y lo permiten las leyes”.

Explicó que tales límites no se refieren únicamente a la actuación de los ciudadanos, sino también de los entes sociales, públicos, administrativos, empresariales. “Por lo tanto, el mirar hacia lo que está pautado nos posibilita como pueblo saber hasta dónde pueden actuar esas instituciones, en qué se han sobrepasado o no han cumplido”, nos sirve de instrumento de control.

Al referirse a los debates que por estos días tienen lugar, comentó el tema de las quejas (artículo 64, Título IV Derechos, Deberes y Garantías), pues en este sentido consideró inadecuado el término de respuestas oportunas. “A la administración hay que ponerle tiempo para después poder exigir, porque ella es un servidor público”.

Dijo que durante muchos años se pensó en esta desde arriba, mirándonos hacia abajo. Sin embargo, existe en función de todos. Como es lógico, “nosotros cumpliremos los deberes, pero también tenemos derechos”. Llamó a mantener el equilibrio entre unos y otros, para no lesionar estos últimos.

Desde esta perspectiva insistió en ver la Constitución como garantía y acabar de entender que es jerarquía superior. “¡Por encima de ella nadie, salvo el pueblo en referendo popular!”.

Al abordar algunos elementos vinculados con las novedades que plantea el Proyecto en relación con la estructura del Estado y su organización territorial, subrayó que se trata de cambios esenciales que —por ejemplo— permitirá al jefe de Estado ocuparse de las cuestiones principales del país.

En cuanto a los derechos manifestó que el documento contempla modificaciones fundamentales, como es el de la ciudadanía efectiva, pues el texto actual establece que se pierde la cubana si se adquiere una extranjera. “Es un principio —aseveró— que viene desde las constituciones mambisas, lo hemos querido conservar”, pero hoy la realidad es otra.

Entre algunos de los presupuestos para el disfrute de los derechos, mencionó la progresividad de estos (sobre todo teniendo en cuenta los avances tecnológicos), la proscripción de la discriminación por razón de origen étnico, identidad de género, orientación sexual, y discapacidad, entre otros.

Los derechos están limitados porque son para ser ejercidos en sociedad, pensando en la seguridad, el bienestar colectivo y el respeto al orden público. “No puede ser el abuso de mi derecho para afectar al otro”, enfatizó.