En el afán común de solidificar la economía cubana se han adoptado un grupo de medidas que favorecen la empresa estatal socialista, principal motor impulsor del desarrollo. La consolidación de tal propósito pasa por un tamiz de complejidades posibles de revertir
El 25 de octubre del 2010 la agencia de noticias Prensa Latina publicó una información que conmovió a gran parte de sus lectores. La misma citaba, a la vez que hacía un análisis, que la Gaceta Oficial de la República de Cuba anunciaba ese día un decreto- ley sobre la continuidad y el fortalecimiento del sistema de dirección y gestión empresarial del país.
Agregaba la necesidad de que las empresas lograran un diseño de estructura y sistemas organizativos, de acuerdo con su tecnología, para lo cual deben evaluar permanentemente la redimensión de los procesos que no alcancen los niveles de rentabilidad previstos y que pierden competitividad. Si como resultado de este proceso se declaran trabajadores disponibles, añade, se aplica la legislación vigente para estos casos.
Cuando una empresa que aplica el sistema de dirección y gestión empresarial es cerrada total o parcialmente, se debe proceder a explicar las causas a los trabajadores, indica otro decreto del Consejo de Estado, concluía la fuente.
La necesidad de buscar mecanismos para lograr una productividad, que si bien no resultara del todo óptima, sí respondiera a las demandas actuales de la sociedad y el país, quedó así especificada aun cuando causara gran temor entre los menos optimistas.
Una sentencia fijada entre los economistas y entendidos de la rama alude a que una empresa es la suma de sus negocios, así es que, de no resultar estos, pierde la entidad su razón de ser.
Desde entonces y hasta la fecha, lejos de ‘intimidar’ o coaccionar, la estrategia de la dirección del país radica en la búsqueda de alternativas constantes que permitan la plena relación entre eficiencia, eficacia y efectividad.
Como sustento a esta voluntad se han puesto en vigor una serie de medidas y normas atemperadas a las actuales circunstancias que abarcan el escenario también político y social, además del financiero.
De esta forma se les han otorgado facultades y autonomía a las entidades con el fin de que logren estados de beneficios comunes para quienes la hacen posible. Una realidad consabida, que no por reiterada deja de tener sentido, es que el salario en nuestro país va a incrementarse en la medida en que crezca el sistema empresarial, el cual aporta cerca del 80 % del PIB y donde se concentra al menos el 49 % de la fuerza laboral activa del sector estatal.
La Resolución 6/2016, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, es uno de los ejemplos en lo que se refiere a la actualización de ese marco regulatorio y que, por las condiciones de Cuba, ha alcanzado una alta notoriedad. Sin embargo, no se puede ver desacertadamente su aplicación como una reforma para ganar salario, sino que es una de las vías para lograr la tan pretendida eficiencia empresarial.
En su esencia la directiva está enmarcada en la correspondencia entre el salario y el cumplimiento del resto de los indicadores productivos.
Otras disposiciones puntualizaron rebajar los ingresos de las empresas al presupuesto estatal, disminuir el precio del combustible, las tarifas de transportación, además de flexibilizar el objeto social con el fin de que se buscaran, sin imposiciones, otras fuentes de materialización de ingresos, por solo citar algunos ejemplos.
No obstante, para elevar el valor de la economía cubana falta aún priorizar aquellas actividades que definen la obtención de capital, realizar análisis financieros con un carácter integral, evitar gastos innecesarios, crear hábitos sagaces de gestión y mecanismos que incentiven al obrero, explotar las fuentes renovables de energía y, al mismo tiempo, enmarcarse en lo que el país pueda sustentar para disminuir así las importaciones.
Pierde sentido trabajar hoy solo en la consolidación de fuerzas, recursos y tecnologías, no pocas veces obsoleta, para el cumplimiento efímero de un plan asignado; ser productivos y rentables debe abarcar la calidad de las ofertas y la sustentabilidad.
De ello depende que la población tenga acceso a los diferentes surtidos y servicios que, puestos en el área de mercado, puedan permanecer para satisfacer las necesidades y otras demandas que la actualidad impone.
Directivos y trabajadores tienen entonces iguales responsabilidades en dependencia de sus ocupaciones y capacidades. A los primeros les concierne organizar, sin superficialidad y con visión realista, así como controlar con rigor procesos y recursos; en tanto al resto del colectivo solo el desempeño consciente y disciplinado desde su puesto laboral.
A la empresa cubana corresponde desplegar sus potencialidades para cumplir su compromiso. La voluntad debe ser siempre ganar.
