Un desmentido a lo que se plantea en el trabajo publicado ¿Qué ocurre con sus talleres? es la pormenorizada respuesta del ingeniero Diosdado Abreu Falcón, director general del Grupo Empresarial de Industria y Artesanía (Gardis), de Matanzas, en nombre del consejo de dirección de la entidad.
Recordemos que el lector Ramón A. Tiherss Pérez criticaba la situación en esas pequeñas industrias, donde laboran personas con discapacidad, a quienes según él, les han ido cerrando las puertas, y “en más de un municipio se habla de plazas congeladas, argumentándose la inexistencia de materias primas”. Además, argüía que tampoco son tenidos en cuenta para participar en los logros productivos del grupo empresarial y exponía ejemplos de falta de gestión administrativa para darles ocupación.
Pero en la contesta de Abreu Falcón hay muchas refutaciones, incluida la del cargo con que firma Tiherss Pérez, de quien dice no es el presidente de la filial de la Asociación Nacional del Ciego en la provincia yumurina; y que Gardis, desde su creación en el año 2002, “ha cumplido con la misión de atender a las personas con discapacidad en 15 talleres, respondiendo, primero, a lo establecido en las Resoluciones 22/2004 y 14/2011 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, derogadas por la Ley 116, por lo que para su empleo se realizan las coordinaciones entre la entidad y las direcciones municipales de Trabajo y Seguridad Social”.
Invitación a una radiografía
Con la propuesta de comprobar in situ lo que expone en su carta, el Director General de Gardis afirma que es incierto que los trabajadores con discapacidad no han sido considerados, pues “aunque representan el 14 % de la fuerza laboral, obtienen el 18 % de los planes productivos y de ventas”.
Respecto al taller de Jovellanos mencionado en la queja, señala que posee la condición de referencia desde el año 2014, por sus resultados positivos, aval para ser nominado al Premio Excelencias.
Es uno de los cuatro pertenecientes a la Empresa Provincial de Producciones Varias y Gráficas, que junto a los de otras tres con locales de ese tipo, se han beneficiado con inversiones para mejorar las condiciones de labor y estancia de los trabajadores.
Sus integrantes —abunda— en el año precedente recibieron un salario promedio mensual superior a los mil pesos y están insertados en el proyecto de la estación experimental Indio Hatuey, así como se prevé que sean los productores de lencería para respaldar un contrato con destino a República Dominicana.
Aclara que dichas instalaciones dejaron de ser de tránsito, porque luego del adiestramiento esos trabajadores se mantienen allí.
Las cuatro empresas que poseen talleres para las personas con discapacidad acogen a 137 de ellas, de una plantilla cubierta ascendente a 179 trabajadores, quienes elaboran manufacturas con destino al mercado industrial artesanal, casos sociales, organismos y servicio al turismo, en dependencia de las demandas y el aseguramiento de las materias primas, añade.
Huelgan los comentarios, y solo nos queda la duda en cuanto a lo que ocurre en similares talleres localizados en Baracoa, lo cual fue publicado el 25 de diciembre del 2017, y que parece no ha tenido oídos ni manos receptivas para ser respondido.
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