La villaclareña Daysi García Rodríguez quiere llegar a la jubilación en el puesto que desempeñó por 17 años, pero eso será imposible si persisten las violaciones que, según su denuncia, ha cometido la administración de la Empresa Provincial de Plásticos, Artificios Pirotécnicos y Textiles, radicada en el reparto Escambray, en la ciudad de Santa Clara.
En el momento de escribir a esta sección permanecía en su casa, desempleada y preguntándose si con 51 años de edad, noveno grado, según consta en su expediente laboral, y algunos problemas de enfermedad, puede encontrar dónde trabajar.
Cuenta que en el 2017 la declararon interrupta ante la falta de materia prima para la fabricación de escobas, función que realizaba. En febrero de ese año, dice, la citaron a una reunión para reubicarla en una empresa con objeto social diferente, pero además en una plaza que requiere 12.º, motivos por los cuales denegó la propuesta y recibió como contesta la baja inmediata.
“Exigí mis derechos ante la administración y no obtuve resultado alguno”, se queja Daysi, quien afirma no ser una mala trabajadora. Por eso apeló al órgano de justicia laboral (OJL) cuya vista oral se efectuó a los ocho días de la reclamación, solo que de su taller no participó nadie porque lo desconocían, asegura la lectora. Ante el fallo en su contra solicitó en un bufete colectivo los servicios del abogado Yankiel Rodríguez Cárdenas.
El juicio en el Tribunal municipal tuvo lugar en julio, aunque con disgusto para la querellante, pues fueron expuestas como pruebas el nombramiento de un comité de expertos cuya existencia desconocía, y que ella había pasado un curso de dos años para adiestrarse, lo cual es incierto.
En su misiva aporta otro dato que lejos de ayudar resta más luz al caso, pues si la afectada presentó reclamación ante el OJL, cómo plantea que la representante del sindicato desconocía las medidas adoptadas. Lo cierto es que tras el veredicto en el juicio pidió ver su expediente laboral, donde no estaban los papeles mostrados en el litigio.
Refiere que en agosto volvió a ver al abogado para que elevara el caso a la instancia superior y cuando lo interpeló en diciembre le respondió que todavía no tenía respuesta. Una consulta preliminar con abogados del Departamento de Asuntos Laborales y Sociales de la CTC evidenció violaciones en el caso que publicamos. En la calle Roble no. 236, entre Rodrigo y Circunvalación, espera alguien que solo pide se le restituya su humilde puesto de trabajo.
