El ejemplo empieza por casa

Organismos y entidades estatales tienen que dar el ejemplo en la erradicación de las ilegalidades urbanísticas, las cuales no cesan de aparecer en el país, ni en estas estructuras ni en la población.

Tal situación ocurre contrapuesta a la eliminación de decenas de miles de infracciones acumuladas, para lo cual hace varios años se puso en marcha un plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades rectorado por el Instituto de Planificación Física (IPF), encargado de velar por la política del Estado en materia de ordenamiento territorial y urbanismo, a través de sus direcciones provinciales y municipales.

Estos elementos fueron examinados en la reunión donde la Dirección de Planificación Física en La Habana (DPPF) pasó revista al desempeño de su labor durante el 2017, etapa de logros en algunas tareas pero de retos permanentes e importantes como el descrito y mejorar la atención a la población, entre otros.

Así lo reconoció el general de división Samuel Rodiles Planas, presidente del IPF, quien llamó a trabajar en equipo y subrayó que las disposiciones jurídicas se emiten para cumplirlas y nadie tiene derecho a vulnerarlas ni a mal interpretarlas.

De cuánto falta por hacer respecto a las ilegalidades urbanísticas ejemplificó con cifras manejadas en el crítico informe presentado, el cual expone que, en el año precedente, en la capital fueron suprimidas 677 de las mil 425 nuevas transgresiones realizadas por personas jurídicas, es decir, entidades estatales.

El objetivo es que no exista ninguna, “hay que erradicarlas de inmediato porque el Estado tiene que dar el ejemplo”, recalcó. Asimismo expuso las de esa misma categoría cometidas por personas naturales, (tres mil 813), de las cuales solo se eliminó el 13 por ciento.

Durante el análisis se consideró que, dada la necesidad de desterrar ese flagelo, resulta ineludible fortalecer los grupos de enfrentamiento, de carácter multidisciplinario, aunque la función de estos es actuar en situaciones de mayor complejidad, reconoció el máster Juan Miguel Herrera Miranda, director provincial de la DPPF en La Habana.

La responsabilidad de acabar con muchas de esas ilegalidades recae en planificación física, y citó la eliminación de un tapiado improcedente y otras que no han sido capaces de neutralizar y están a la vista de todos.

Al abundarse en el papel de control y fiscalización que compete a los organismos para evitar que en su radio de competencia se cometan dichas indisciplinas, Abel Camejo, vicepresidente para el órgano de la administración en La Habana, enfatizó en la responsabilidad de los presidentes de los Consejos de la Administración.

Nada justifica las ilegalidades ─acotó─, pero una de sus causas tiene que ver con las dificultades y morosidad de las instancias estatales en la ejecución y respuesta a las personas que van a solicitar trámites, y citó los relacionados con la vivienda, justicia y el arquitecto de la comunidad.

En la reunión se informó que la DPPF está a la espera de la aprobación del Plan General de Ordenamiento Urbano de la provincia que regirá hasta el 2030, y resultará el documento rector para el planeamiento y control de la ciudad; en tanto contempla todas las adecuaciones al nuevo y futuro escenario económico, climático, político y social del territorio.

Asimismo dieron respuesta a demandas del proceso inversionista en el turismo, la vivienda y los recursos hidráulicos, la Tarea Vida, así como  actualizaron los escenarios de peligro por penetraciones del mar en los  municipios costeros de la capital.