Daños tangibles de una motivación política

Daños tangibles de una motivación política

El grupo de disposiciones recientemente tomadas por el gobierno del presidente Donald Trump constituye un serio retroceso en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos; dos de las más sensibles para la familia cubana son —en mi opinión— la retirada arbitraria del personal diplomático estadounidense en La Habana y el desmantelamiento del Consulado cubano en Washington.

Es obvio que tales medidas dificultarán los trámites tanto para los cubanos residentes en Estados Unidos como para los que viven en la Isla.

Se ha preguntado usted cómo se sentiría una madre o un padre residentes en Cuba con un hijo enfermo en Estados Unidos, y tenga que viajar obligatoriamente a Colombia para solicitar una visa de  viaje temporal o definitiva a ese país. ¿Quién puede garantizar que ese proceso sea seguro o que no implique la pérdida de tiempo y dinero?

También la decisión del gobierno norteamericano de reducir el personal de la embajada cubana en Washington afecta directamente el derecho de los cubanos a viajar a su país.

Mas, no sólo es a los cubanos a quienes se les violan sus derechos. Las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sobre los viajes a Cuba impiden que los ciudadanos estadounidenses visiten la Isla a título individual bajo la categoría de intercambios “pueblo a pueblo”.

Como expresara Josefina Vidal Ferreiro, directora general para los Estados Unidos de la Cancillería cubana, a partir de ahora, quienes vengan a la Isla por esa categoría deberán cumplir un programa de actividades a tiempo completo, que implique, siguiendo los patrones de EE.UU., sostener contactos con el pueblo, apoyar a lo que ellos definen como sociedad civil y promover su independencia del Estado cubano.

La intención política de estas restricciones —subrayó— se denotan explícitamente en los requisitos específicos que se establecen para la categoría de viajes en “apoyo al pueblo cubano”.

Igualmente, señaló que la OFAC dispone que todos los viajes “pueblo a pueblo” educativos que no tengan carácter académico se realicen bajo los auspicios de una organización sometida a la jurisdicción de los Estados Unidos y que patrocine tales intercambios para favorecer el contacto entre pueblos, y que estos viajeros estén acompañados por una persona sujeta a la jurisdicción estadounidense que sea representante de la organización patrocinadora.

¿Estarán dispuestos los ciudadanos estadounidenses a viajar a Cuba bajo custodia?

Sobre este particular, el vicepresidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Jake Colvin, dijo que “permitir viajes de persona a persona solo como parte de viajes organizados limitará el contacto que los estadounidenses pueden tener con los cubanos de todos los días en la isla y sacará dinero de los bolsillos de los empresarios cubanos y los anfitriones que se quedan en casa”.

La NFTC también apreció que las restricciones a la participación mientras se viaja con entidades cubanas individuales serán confusas para los viajeros y requerirán recursos significativos del gobierno de EE. UU. para lograr su cumplimiento.

A su vez, el congresista republicano Mark Sanford, consideró que la prohibición de viajar a Cuba, es anticuada y una limitación injusta de la libertad estadounidense.

Mientras el gobierno estadounidense restringe los derechos de sus propios ciudadanos a viajar libremente a la Isla, las autoridades cubanas anuncian nuevas medidas migratorias como parte del proceso continuo e irreversible de actualización de esa política, cuya génesis se encuentra en el diálogo con la emigración iniciado en 1978.

Entre las trabas burocráticas anuladas están: eliminar el requisito de habilitación del pasaporte, autorizar el ingreso de miles de migrantes que salieron irregularmente, que a partir del 1 de enero de 2018 podrán reunirse con sus familiares en Cuba; y otorgar el derecho a la ciudadanía cubana a los hijos nacidos en el exterior de nacionales residentes en otros países.

¿Serán estas disposiciones solo el inicio de otra escalada de la administración Trump y los representantes de la ultraderecha anticubana radicada en Miami contra los derechos de los cubanos y de los propios ciudadanos estadounidenses?

Cualquier afirmación sobre este particular no sería exagerada. El rancio extremismo anticubano de los políticos miamenses continúa ocupando un lugar privilegiado en los mecanismos de poder de la Casa Blanca.

Para desinflamar el dolor humano sería bueno abortar tanta desidia.

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