Cargando...Por Ariadna Pérez, Raiza Arango y María de las Nieves Galá
La “pesca” de los almendrones parece convertirse en un deporte y la población capitalina aún no le coge el ritmo. “Al menos las nuevas regulaciones lograron que los tramos ya no los corten porque de ese modo sí que era imposible”, dijo un joven quien dice ser “diario cogedor de carros”.
“Muchos choferes se aprovecharon de la situación. Antes, desde el hotel Habana Libre hasta Toyo (Diez de Octubre) eran 10 pesos, luego 10 más hasta la Víbora, y 5 a La Palma. Ahora que el gobierno de la capital respondió, para bien de los usuarios, los boteros han desaparecido. No les conviene que el pueblo se sienta aliviado monetariamente”, explicó durante el trayecto una estudiante de cuarto año de Economía.
Ante tal comentario, el chofer expuso: “Yo no obligo a nadie a montarse en mi taxi. Al que le convenga mis precios que suba, si no, a esperar una guagua, que vistas como están las cosas…”
Así transcurrió la conversación grabada por una de estas reporteras, quien viajó entre La Palma y el Vedado. A fin de obtener testimonio en diferentes sitios de la ciudad, las participantes en la investigación periodística desandaron calles, y lo fundamental, también extendieron sus manos hasta esperar que uno de los boteros se detuviera para llevarlas al ansiado destino.
Y es que precisamente este ha sido uno de los temas más comentados en la capital, desde que hace más de 15 días el gobierno adoptara un grupo de medidas en las que se precisaron los precios de los tramos intermedios, para los itinerarios aprobados el 14 de julio del 2016, en el Acuerdo 185 del Consejo de la Administración Provincial (CAP).
Más allá de La Palma
“¡Salir de La Palma (Arroyo Naranjo) es casi imposible! Se necesitan al menos dos horas de antelación para llegar al trabajo con tiempo”, comentó Maritza Vázquez, de dicha zona.
Igual situación tiene lugar en el municipio de Diez de Octubre, donde un gran número de personas diariamente se desplaza en taxis. Ahora, conseguir uno hacia el Vedado, en la esquina de Mayía Rodríguez y Lacret, en Santos Suárez, es casi una odisea. Tal como pudimos constatar, el tiempo promedio de espera aumentó de 15 o 20 minutos a más de una hora.
Según afirmó al periódico Tribuna de La Habana, Tatiana Viera Hernández, vicepresidenta de Fiscalización y Control del CAP, a seis meses de la puesta en vigor el Acuerdo 185, ese organismo “hizo una evaluación de las irregularidades que han observado” y en ese sentido, las principales opiniones coincidieron en que “un grupo de transportistas por gestión no estatal, han violado los precios máximos referenciales aprobados en ese Acuerdo”.
Como elemento significativo, añadió que “cuando se establecieron los precios referenciales máximos, se tuvieron en cuenta los gastos en los que incurrían estos porteadores”.
Sin embargo, varios entrevistados coincidieron en señalar que “los taxistas pusieron como excusa, para doblar los precios o cortar los tramos, que el combustible no se lo regalan y su precio subió”. Supuestamente, esta fue una de las causas, pero lo cierto es, tal como se expuso en la sesión final del Parlamento cubano, en diciembre del 2016, que el robo de combustible es una de las cuestiones que lastra hoy la economía nacional. Varios diputados ejemplificaron “la existencia de municipios cuyos servicentros apenas han tenido días de alguna venta de diésel, especialmente durante la zafra o en medio de importantes actividades económicas”.
Odisea en Santos Suárez
“Cada día la espera aumenta”, dijo una señora. “Cojo taxis al menos tres veces en la semana y me desespero porque todos dicen hasta la Ciudad Deportiva y si pago 10 hasta allí, porque lo siguen cobrando… ¿cómo llego al Vedado? Tomar taxis era un lujo, ahora es una necesidad, las guaguas son insuficientes, por aquí solo pasan la 174 y el P-2”.
Para hacer una prueba de lo que comentaba el público, una de estas reporteras, después de casi dos horas en Mayía Rodríguez y Lacret, consiguió subirse a un carro hasta la Ciudad Deportiva. Al llegar al final, le extendió con firmeza un billete de 5 pesos, y el chofer, entre desconcertado y sorprendido, agarró el dinero sin protestar, incluso le cobró lo mismo a la joven que iba a su lado.
Al bajarse, ella asombrada le confesó: “Eso fue porque vio que le diste el dinero con seguridad o sabía que eras periodista… si no, nos hubiera cobrado 10 pesos”.
Las opiniones en torno a las medidas son variadas. “Me parece que favorecen y desfavorecen a la población, explica una usuaria. Entiendo que se hayan tomado porque los boteros picaban el pasaje… pero creo que debieron hacer un mejor estudio. Por ejemplo, antes, desde La Lisa hasta Cerro y Boyeros costaba 10 pesos, ahora lo fijaron en 15, mientras que del Coppelia al Hospital Militar bajó de 10 a 5. ¡Increíble, cuando son distancias casi parecidas!”, expresó una joven.
Otro señor, mientras se alejaba, apuntó: “Es que las piezas y el petróleo están muy caros, quizás la solución podría ser precios preferenciales para los que ejercen esta actividad”.
En concordancia, una pasajera agregó que muchos taxistas no son dueños de los carros y deben entregar una cifra fija diaria a los dueños, y luego es que comienzan a ganar el suyo. “Siempre han sido 10 pesos aunque sea solo por unas cuadras, no sé por qué tanto lío”, afirma sin que le importe mucho lo que debe entregar.
A Dayron Rodríguez el tema de los precios le ha generado inseguridades. “La situación nos tiene en una inercia porque no sabemos cómo actuar, cuánto pagar y uno no tiene deseos de discutir todos los días, más bien estás apurado por llegar a tu destino y agradeces si puedes coger un taxi”.
Hay algo esencial y es que las personas tienen que exigir sus derechos porque para eso se hizo el decreto. Así lo hizo una de las reporteras, quien subió a un auto en la Ciudad Deportiva hasta la parada cercana al edificio del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Antes de bajar preguntó cuánto debía. El chofer dijo: Dame lo normal. ¿Y qué es lo normal? 10 pesos, contestó… bueno dame 5, 10 lo que quieras. Pagó 5 pesos que es lo establecido para ese tramo y, al bajarse, los otros usuarios se quedaron contrariados… porque para alguna gente y los taxistas siguen siendo 10 pesos.
En la justa medida
Buscar la opinión de las personas que se dedican a la actividad de porteadores no fue fácil, pues la mayoría quiso ocultar su nombre. “Pienso que los boteros no somos los malos de la película. Si no se incrementan los ómnibus urbanos, continuaremos en la misma batalla, sin perdedor ni ganador”, señaló uno de ellos.
A ese comentario añadió una señora que también iba sentada en un vetusto Chevrolet rojo: “La ley de la oferta y la demanda siempre ha existido y funcionado. No se pueden imponer los precios, tienen que regularse por sí solos y velar por cuánto un cubano puede pagar”.
Al bajarse después de pasar el puente de 100, en Boyeros, la misma señora le extendió 10 pesos para pagar, a lo que el chofer le dijo: “Mi señora después que se pasa el puente son 20 pesos”. Ella no le reclamó, solo cuestionó desde la ventanilla: “¿Es normal pagar 10 pesos más por una cuadra después?”
En estos días varias han sido las disputas, de si debe el Estado regular o no los precios de los porteadores privados. Es difícil administrar cuando la mercancía es escasa, pero en lo que todos coinciden es que no pueden tolerarse los precios abusivos, bajo ningún motivo, pues entran en contradicción con la esencia del propio socialismo.
Cierto es que los transportistas privados han sido una alternativa para un grupo poblacional en las difíciles circunstancias del transporte público en todo el país. Pero su quehacer se inserta en un modelo socialista de desarrollo por lo cual no puede asumirse una mentalidad mercantilista. Hay que profundizar en lo relacionado con su actuar, acorde con la legalidad que lo sustenta: controlar de dónde sale el combustible que emplean (¿acaso no sería mejor una tarjeta magnética de combustible que avale su consumo?), facilitarles los lugares donde adquirir las piezas de repuesto e identificar piqueras dentro de la ciudad.
Aunque tratamos en reiteradas ocasiones de contactar con el ingeniero José Conesa González, director general de la Dirección General de Transporte en La Habana, a fin de intercambiar criterios sobre el tema en cuestión, no respondió a nuestra solicitud. Según Romilio Salazar Lora, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y Puertos en la capital, tienen más de 10 mil afiliados del sector no estatal, entre ellos boteros, poncheros, conductores de camiones y de bixitaxis. “Una vez conocida la decisión del CAP se les indicó a todos sus secretarios generales de los municipios dar apoyo organizativo y explicativo a la justeza de las medidas adoptadas junto a las direcciones municipales de Transporte”.
La transportación de pasajeros en La Habana continúa siendo un gran dilema, no obstante las estrategias que para su desarrollo paulatino ha implementado desde el año 2011 la Dirección Provincial de Transporte. La inestabilidad, insuficiencia y baja calidad son eslabones que no acaban de resolverse.
La mirada tiene que ser integral. En una ciudad en la cual residen más de 2 millones de habitantes, solo se cuenta con unos 700 ómnibus, el 50 % de lo que realmente requiere la capital. Las nuevas formas de gestión en el transporte, no son hoy la solución definitiva para las dificultades acumuladas, sino una alternativa que, bien instrumentada debe constituir un alivio a tan esencial asunto.
Sin embargo, cuando las distorsiones e irregularidades se entronizan, pueden dar al traste con las buenas intenciones.
