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Cuando faltan la transparencia y la profesionalidad, sucede lo que en el saldo de la investigación sobre las irregularidades en el tratamiento laboral, contenidas en la carta que publicamos de Rosa María Acevedo Mesa, trabajadora de la unidad empresarial de base (UEB) productora de fósforos de Palma Soriano, en Santiago de Cuba.
Evaluados los seis aspectos enunciados en la queja “y habiendo sido comprobados en los archivos que obran en el área de Recursos Humanos (RRHH) de la UEB y las pruebas documentales relacionadas, la denuncia se considera sin razón”.
Es el último párrafo de la respuesta, firmada el 10 de junio último por quienes integraron la comisión que analizó el asunto, y nos llegó 24 días después rubricada por Yurelkis Noda Triana, directora general de la Empresa Nacional de Fósforos.
Recordemos que Rosa María afirmaba que estuvo dos años de certificado médico sin llevarla a Comisión de Peritaje Médico (CPM), que no fue atendida por la especialista de Endocrinología para determinar su padecimiento y emitir dictamen, y hubo maltrato y morosidad en la administración para dilucidar su condición.
Harina de otro costal
Si nos atenemos a la carta respuesta, el área de RRHH y en particular su jefe, Juan Luis Duani Guerra, sí se preocuparon y ocuparon por resolver la situación de la reclamante, pero el ineficiente actuar de varias instituciones llevó las circunstancias hasta donde conocimos.
Según los resultados de las verificaciones, Duani y su equipo iniciaron los trámites correspondientes antes de que la trabajadora llegara al término de seis meses en su tratamiento médico, que comenzó el 28 de marzo del 2014.
El 20 de septiembre de ese año pidieron al médico de asistencia la remisión de la compañera para la CPM del municipio de Palma Soriano. Sin embargo, de dicha instancia informaron que no había Endocrino en la localidad, lo cual impedía evaluar a la paciente y presentar el peritaje.
Como todo apuntaba a la afectación de la trabajadora, los de RRHH de la UEB efectuaron varias gestiones, se afirma en la misiva, entre ellas, ante la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, la filial del Instituto Nacional de Seguridad Social y la CPM Provincial ─todas infructuosas─, aunque no deja claro a solicitud de qué comisión realizaron diligencias en el policlínico de especialidades de la ciudad de Santiago de Cuba, para que valoraran a Rosa María, lo cual no dio resultados porque tampoco allí había quién pudiera hacerlo, “ni la CPM de Palma Soriano les comunicó para prestarle la atención requerida”, según afirmó la doctora responsabilizada con esos casos.
A la sazón, la trabajadora comenzó a atenderse en su lugar de residencia con un médico clínico, quien emitió un resumen de historia y este fue remitido a la CPM.
A la postre la vio un Endocrino, quien emitió su diagnóstico el 20 de abril del presente año, desestimando que la trabajadora pasara a la comisión médica, con cuyo presidente despachó Juan Luis. A partir del dictamen, Rosa María tenía que reincorporarse a sus labores como auxiliar general de cocina, puesto que ocupa desde hace cuatro años, debido a una de las tres medidas disciplinarias aplicadas a ella en su estadio en la UEB desde 1989.
Al conocer el fallo presentó otro certificado médico, que sí le admitieron, y como no estaba avalado por ningún Endocrino, le dijeron que sería sometido a la CPM.
Enfatizan que también consultaron en la DirecciónMunicipal de Salud Pública (DMS), que lo puso a consideración de su nivel inmediato superior, donde nuevamente en una forma inadecuada fue atendida la especialista de la UEB, pues arguyen no tener que ver con ese caso. Finalmente se logró el turno médico.
Culpa compartida
Nos llama la atención que un documento tan extenso tenga algunas incongruencias o lagunas que no podemos llenar. Inferimos que la trabajadora volvió a ser evaluada y ratificado lo expuesto por la CPM municipal. Pero, ¿se reincorporó al trabajo? ¿Entendió su sinrazón a pesar del lícito motivo por un proceso hiperdilatado sin justificación?
Por el texto nos damos cuenta de que hay un nuevo presidente de la CPM en Palma Soriano, quien reconoce la morosidad de la institución en la tramitación del caso, que no es el único allí, pues refiere la existencia de otros más complejos remitidos por las entidades Complejo Agroindustrial Dos Ríos y la sucursal de ZETI.
La aludida comisión, puntualiza la carta, ha solicitado de manera reiterada a la DMS que formalice las acciones necesarias en aras de disponer de los especialistas para valorar a los trabajadores remitidos; así como se ha quejado de que su instancia superior no admite los casos que les envían.
¿A quién o quiénes corresponde poner orden? ¿Será solo patrimonio de Palma Soriano tal desaguisado para gestionar algo tan serio como la evaluación médica ante el posible peritaje de un trabajador?
