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Lianet Suárez Sánchez
Para obtener los mejores resultados desde la base, donde se produce, la consulta y discusión de normas y resoluciones con el colectivo de trabajadores es esencial.
Sin embargo lo que pudiera ser un acierto en ese sentido no es aprovechado en toda su dimensión.
La implementación de la Resolución 134 del 2013 del MEP, faculta a los directores de las empresas estatales a decidir sobre la realización de las actividades secundarias derivadas del objeto social de su entidad, también incluye las eventuales, que no interfieran en el desarrollo de la producción y los servicios, además de las de apoyo.
La medida materializa el Lineamiento 13 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución y garantiza lo que apunta Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo: «Solo transformando el sistema empresarial, que es donde se producen las riquezas, lograremos un desarrollo sostenible.»
En relación a ello en la provincia Granma no se han consolidado grandes pasos de avance, pues hasta el momento se encuentra aún en proceso de estudio, evidenciando morosidad.
Según Yordanis Ferriol Socarrás, director de Economía y Planificación en Granma: “En este territorio se implementa un mecanismo que permite el control efectivo de la normativa dada su importancia; sin embargo, hemos comprobado que muchos de los trabajadores no conocen hoy la existencia de la Resolución 134, lo cual es una de las principales limitantes para su desarrollo.”
Es el director de la entidad el máximo encargado de la declaración de las actividades, pero para hacerlo se requiere de antemano de un procedimiento que incluye crear normas y condiciones, razones por las cuales muchas veces se hace rechazo a este tipo de prácticas y dejan la voluntad de hacer, también engavetada.
“Contamos con entidades que han ingresado en un año más de dos millones de pesos, por ejemplo la Empresa Provincial de Construcción y Mantenimiento. Esta cuantía se inserta en los sistemas de pago que tienen establecidos, fundamentalmente la Resolución 17, y se revierte en salario. Los obreros se motivan más y aumenta la productividad”, asegura Ferriol Socarrás.
A partir de ello resulta entonces prudente utilizar los espacios de las Asambleas de análisis del plan y el presupuesto, en proceso hasta finales de marzo, para dar a conocer la regulación y sus beneficios, pues deja atrás la rigidez antes establecida en temas producción y servicios para permitir, con el uso eficiente de los recursos y el capital humano, incrementar los niveles de eficiencia.
Durante estos u otros debates podrían ponerse sobre el tapete temas relacionados como la ampliación de las actividades y el control eficaz sobre estas así como el aumento de la plantilla para sustentarlas, lo cual es también posible según establece la Resolución 134.
No debe desestimarse que el salario en Cuba va a crecer en la medida que crezca el sector empresarial, principal contribuidor al presupuesto y al PIB con un 80 por ciento, y esta flexibilización es una de las estrategias aprobadas con ese fin.
La batalla económica donde se gana o se pierde es en el centro laboral, y es hacia allí donde debe ir intencionada toda labor de orientación, dirección y control.
