Contratación laboral en Cuba: Enderezar el derecho

Contratación laboral en Cuba: Enderezar el derecho

En cualquier actividad laboral el apego a la ley en los contratos garantiza un clima de trabajo confiable. Foto: Heriberto González Brito
En cualquier actividad laboral el apego a la ley en los contratos garantiza un clima de trabajo
confiable. Foto: Heriberto González Brito

 

Por Elisdany López Ceballos, Manuel Valdés Paz, Eduardo González Martínez y Jorge Pérez Cruz

Cuando Yaidelín terminó sus estudios de la carrera de Comunicación Social en el Curso para Trabajadores (CPT), en la otrora universidad Vladimir Ilich Lenin de Las Tunas, había cumplido parte de sus sueños, sin imaginarse entonces que entraría en una pesadilla.

¿Dónde ejercer la profesión aprendida?, esa era la interrogante que ahora amenazaba su estabilidad emocional. Casi dos años después encontró la anhelada plaza: Especialista en Investigación de Mercado. La oferta le vino como anillo al dedo.

“Pero —recuerda consternada— no habían pasado ni 10 días y me rescindieron el contrato. Solo me dijeron que el organismo no tenía intención de ocupar la plaza.

“¿Reclamar?, ¿a quién?, si no me dio tiempo ni a afiliarme”, enfatiza y abunda: “Sé que existían —o existen— dos plazas y como no hubo más explicación, ahora pienso tantas cosas, que no vale la pena expresarlas”.

Comoquiera que estas y otras situaciones contrarias a la ley existen en el universo laboral cubano, un equipo de reporteros de este semanario se acerca al tema en varias provincias del país.

Una cuestión de derecho

La anécdota es tan real como la protagonista, y si omito otros detalles es porque me parece suficiente para ilustrar uno de los males que aqueja a la contratación laboral en Cuba: cierto— aunque no generalizado— desamparo de los trabajadores ante las crecientes prerrogativas de los empleadores y la carencia de una cultura jurídica en ambas partes.

Arturo Martínez Hernández, miembro del Secretariado Provincial de la CTC en Sancti Spíritus, alerta sobre los peligros que entrañan decisiones como esta: “En muchos centros las plazas no van a convocatoria, no existe un comité de expertos para valorar a los candidatos, y es el jefe quien pone al que le conviene. Eso reduce el derecho del trabajador, y se presta para la corrupción, los negocios y el favoritismo”.

Estudiosos del tema coinciden en que las proyecciones sociales y económicas de este tipo de contrato justifican la intervención de la ley, para lograr el equilibrio entre las partes.

Entonces no es ocioso recordar que en Cuba la Constitución de la República reconoce el derecho inalienable de los ciudadanos al trabajo y el Código de Trabajo lo refrenda y norma hasta el más mínimo detalle de su implementación.

Sin embargo, lo que viene ocurriendo en materia de contratación en la provincia de Holguín confirma que es necesario incrementar capacitación, exigencia y control sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente para empleadores y empleados.

Damaris Torres Pastor, directora de la Oficina Provincial de Inspección del Trabajo allí, asegura que en los primeros siete meses de este año fueron detectadas 258 infracciones en los contratos, el salario y la seguridad social.

Damaris sostiene que “cuando en el centro hay un jefe de Recursos Humanos y técnicos con dominio de la actividad, los resultados son buenos, pero donde no es así las violaciones proliferan”.

Al margen de la ley

No pocas administraciones andan al margen de la ley, generalmente por desconocimiento, algo que, según principio jurídico, no exime de responsabilidad, no siempre exigida ni reclamada.

El espirituano Arturo Martínez, del Secretariado de la CTC en esa provincia, enfatiza: “La ley dice que las plazas que queden vacantes tienen que estar en convocatoria hasta 30 días, y en entidades como el Cárnico, por ejemplo, solo esperan de siete a 10 días”.

Harold Pérez Padrón, director provincial de la Oficina Nacional de Inspección del Trabajo en Pinar del Río, manifiesta que hay centros que incumplen las indicaciones de poner las ofertas en lugares visibles y otros no presentan a las direcciones municipales de Trabajo la información sobre las plazas que determinan cubrir con personal ajeno.

En su opinión “esto incide en el buen funcionamiento de la contratación, porque esas direcciones tienen la responsabilidad de ubicar a licenciados del Servicio Militar General, personas con libertad condicional y egresados de diferentes enseñanzas, entre otros casos”, sostiene Pérez Padrón.

Otras violaciones comprobadas son la existencia de contratos por período de prueba y de forma determinada, ya vencidos, sin que al sujeto se le subscriba la correspondiente relación laboral indeterminada, que oficializa su vínculo; y, contratos por tiempo determinado, a pesar de existir puestos vacantes.

Alejandro de Zayas Tejeda, jefe de Recursos Humanos en el holguinero policlínico Alcides Pino, reconoce que arrastran problemas en la aplicación de la legislación y los atribuye a la falta de personal capacitado.

Pero el mal desempeño no se puede justificar. Ni los trabajadores ni el orden institucional de la nación pueden pagar el precio de esos desatinos.

La realidad indica que todavía es necesario rectificar el rumbo para enderezar el derecho en un grupo grande de entidades, a nivel nacional, que transgrede la legislación actual en el tema de la contratación laboral.

Con apego a la legislación

Para actuar con apego a la legislación vigente no hace falta erudición, basta el sentido común y el interés personal por el respeto al derecho ajeno, pues todo, o casi todo, está recogido en cuerpos jurídicos que merecen dominio de su contenido porque se han dictado para cumplirlos.

Equilibrar las relaciones entre empleadores y empleados se convierte en objetivo inalcanzable en aquellos centros, donde se ignora que el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) es un instrumento con valor y fuerza jurídica importantes en la construcción de la armonía en el entorno laboral.

Una organización sindical que descuide esa herramienta no tendrá asidero legal en el combate cotidiano por una buena representación de sus afiliados; y, todavía queda mucho por hacer para que el CCT cumpla su cometido.

Se impone respetar la esencia de todo lo legislado en cuestiones laborales, porque estas reflejan la voluntad del Estado de respetar derechos y exigir el cumplimiento de los deberes a todas las partes involucradas en ese tipo de relación.

El espirituano Arturo Martínez argumenta que en varios centros inspeccionados los CCT tienen algunas cláusulas elaboradas con la transcripción directa de la ley y no con su implementación, que es el propósito.

¿Y el sindicato qué?

A veces el sindicato no actúa, porque está al margen de los procesos en desarrollo o desactualizado del entramado legal que respalda los derechos colectivos e individuales en estos asuntos, fundamentalmente en aquellos casos de jóvenes que buscan su inserción en el ámbito laboral y de quienes provienen de otros centros con aspiración a un cambio.

A pesar de las exigencias de la CTC es común que la sección sindical no afilie a los trabajadores en período de prueba, y hay cierta resistencia a la incorporación de quienes todavía no tienen asegurada la plaza, así ellos pierden el escenario natural donde defender sus derechos.

Elena Chagues Leyva, secretaria general de la CTC en la provincia de Las Tunas, recuerda que el sindicato tiene tribunas a veces no utilizadas: “Es importante que los representantes de los trabajadores participen en los consejos de dirección, intercambien constantemente con las áreas de recursos humanos y realicen muestreos sistemáticos al comportamiento de la contratación laboral” .

Mientras, Ernesto Guevara, miembro del Secretariado Provincial de la CTC en la misma provincia, apunta que están prestando especial atención a los cargos denominados por designación, pues en la mayoría de las entidades, los empleadores abusan de esta figura.

Epílogo

Está claro que en muchos centros del país anda torcido el derecho en relación con los contratos laborales, que constituyen el primer paso en la edificación de un ambiente acogedor, que es garante de satisfacción, de eficiencia y eficacia en la gestión empresarial y en cualesquiera estructuras organizacionales.

Procurar el cambio es un imperativo de la legalidad y de la economía nacional.

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