EDITORIAL: Proteger lo nuestro, que es también de cada uno

En una carta con fecha 31 de mayo de 1963, el Che les hizo una importante aclaración a los trabajadores de la planta ensambladora de motocicletas: “Los obreros responsables de la producción de cualquier artículo no tienen derecho sobre ellos. Ni los panaderos tienen derecho a más pan, ni los obreros del cemento a más sacos de cemento; ustedes tampoco a motocicletas”.

Lo que resultaba obvio en un régimen capitalista, tanto para dueños como para empleados, en nuestro país, que recién había emprendido el rumbo del socialismo, era preciso explicar que la propiedad social sobre los medios de producción no significaba que cada cual en su centro de trabajo tuviera la potestad de disponer individualmente de sus producciones cuando las necesitasen. Ese concepto de dueños está estrechamente vinculado con el de beneficiarios de los frutos de la labor de todos, y se entronca con el sentido de pertenencia al lugar de trabajo, de asumir todo lo que allí existe como propio y por tanto sentirse comprometido a protegerlo.

Llevar a la conciencia de los trabajadores tales concepciones es quizás una de las tareas más complejas del socialismo y antes que pudieran calar en la conciencia de las mayorías se produjo el período especial, momento crítico que generó en amplios sectores de la población una actitud de “sálvese quien pueda”, que significó en no pocos casos una estocada a valores morales como la honradez y la honestidad, lo que derivó en un incremento del delito y la corrupción, fenómenos que se volvieron más graves al convertirse en un problema de conducta.

Sustraer algo en cualquier punto de la cadena de producción, almacenamiento y comercialización, se ha convertido en una manera fácil de obtener determinados recursos, generalmente para su venta ilícita. Y devienen favorable caldo de cultivo el desorden, la indisciplina, la falta de control y de exigencia administrativa.

Están en riesgo aquellos lugares donde los jefes administrativos no les reclaman a los almaceneros que verifiquen los productos que reciben, en vez de asumir pasivamente los comprobantes de depósitos que pueden haber sido alterados; donde se producen cambios de directivos sin garantizar los procesos de entrega de responsabilidades o la realización de auditorías; donde se incumple con la calidad y el completamiento de los servicios contratados a empresas de seguridad y protección o donde las formas organizativas de protección no se corresponden con la complejidad de los objetivos a proteger, por solo mencionar algunas vulnerabilidades que propician las acciones delictivas.

Y en esos colectivos donde se roba están los que son testigos y se hacen de la vista gorda, sin percatarse de que en situaciones como esta la indiferencia y la inacción no tienen cabida, porque todo el que favorece la impunidad se convierte en cómplice. ¿Acaso nadie en la tripulación de un tren se percata de que este se detiene en una cooperativa para descargar en ella ilegalmente el contenido de un ferrosilo? ¿Y cómo es posible que en la mayoría de los hechos delictivos hayan estado involucrados trabajadores, quienes debían ser los más interesados en defender el patrimonio de su centro, y agentes de seguridad y protección, cuya principal responsabilidad es preservar los bienes de la entidad? ¿Y a cuántas personas tuvo que corromper aquel director de una empresa láctea para poder sustraer durante largo tiempo una parte de la producción con la finalidad de cebar a sus puercos?

Estos son algunos ejemplos surgidos en el profundo e intenso debate que se suscitó en una reciente reunión de la CTC, encabezada por su secretario general, Ulises Guilarte De Nacimiento, y en la que participaron los secretarios generales de la organización en las provincias y de los sindicatos nacionales, donde se valoró la efectividad de las acciones para la prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, a partir de lo establecido en el plan de acción acordado en el 89 Pleno del Consejo Nacional de la central sindical.

En el encuentro, que contó con una intervención especial del coronel Francisco Bruzón Macías, jefe del Departamento de Protección Física del MININT, quien aportó valiosa y actualizada información sobre el tema, Guilarte De Nacimiento subrayó que el escenario principal para la prevención y el enfrentamiento de estos flagelos es el colectivo laboral, reconoció que no se ha logrado influir en la elevación de la conciencia de los trabajadores para presentarles un combate efectivo y sistemático, y enfatizó en que a los dirigentes sindicales les toca abordar dichos fenómenos en toda su crudeza.

En la reunión se dieron a conocer los resultados de la primera comprobación nacional a los centros identificados como vulnerables, en la cual se evidenció que si bien está orientado contemplar el tema como un punto permanente en el orden del día de las asambleas de afiliados y sus representantes, no todos los ejecutivos sindicales lo garantizan, y predomina como tendencia la descripción de los problemas y no el análisis profundo sobre la efectividad de las acciones y su actualización.

Cuestiones tan medulares como los resultados del control interno, el cumplimiento del plan de medidas para la erradicación de los problemas señalados, la situación de las cuentas por cobrar y pagar, los pagos sin respaldo productivo y la rendición de cuenta de los trabajadores del sistema de seguridad aprobado y la valoración de su eficacia, entre otros asuntos, no se analizan con la sistematicidad requerida.

Tampoco se avanza suficientemente en la implementación del reglamento para la realización de la guardia obrera y ella todavía no se percibe como un complemento necesario del sistema de protección.

A esta valoración se suma el dato alarmante suministrado por la Contraloría General de la República de que una parte de los hechos estuvo ocurriendo durante más de un año sin ser detectados en los lugares donde se estaban produciendo, sino por factores externos; mientras que los revelados por el sistema de control interno de las entidades han estado sucediendo por más de seis meses y en muchos casos se han descubierto por informaciones previas de los órganos de control del Ministerio del Interior.

El análisis efectuado es un importante punto de partida para el movimiento sindical que está consciente de que el enfrentamiento a estos males requiere de un enfoque integral y cohesionado en el que las administraciones tienen el papel principal. No obstante, la CTC lo ha asumido como una prioridad de su trabajo con el concepto de que sin la participación real de los trabajadores, a los cuales les corresponde movilizar, no se lograrán los resultados esperados. Ellos están llamados a convertirse en protagonistas en este empeño, con el actuar del día a día; lo que contribuirá al fortalecimiento del sentido de pertenencia expresado en el compromiso de proteger lo nuestro que es también lo de cada uno.