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En menos de una semana, el presidente Ollanta Humala se vio obligado a presentar su séptimo equipo de Gobierno desde el 2011 cuando asumió el poder, debido a que el Congreso peruano aprobó el 30 de marzo una moción de censura contra la primera ministra Ana Jara, al considerarla responsable del rastreo a políticos, periodistas y empresarios por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia.
En el legislativo compuesto por 130 representantes, la alianza Gana Perú, del actual mandatario, no tiene mayoría, al contar solamente con 33 diputados. De las múltiples agrupaciones que conforman el parlamento, solo el opositor partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimiri, suma 35.
El pasado 2 de abril, fue nombrado Pedro Cateriano como primer ministro. También juramentaron los nuevos ministros: Jakke Valakivi, en defensa, Gustavo Adrianzén, justicia, y como canciller Ana María Sánchez; los demás fueron ratificados.
La reprobación a Jara por 72 votos frente a 42, fue solicitada por legisladores de partidos opositores como el fujimorista, y del expresidente Alan García; aunque la prensa afirma que hechos como los que se le imputaron ocurren desde gobiernos anteriores.
Según entendidos, si el Congreso censura también al recién nombrado premier, el Presidente tiene potestad para disolver el parlamento y convocar a elecciones legislativas. Se comenta que actualmente Humala puede seguir pactando con la derecha o mirar a sectores de izquierda que lo apoyaron en su momento, pero que hoy se sienten traicionados.
El mandatario transita por su último año de gestión previo a las elecciones generales con solo 22% de popularidad, en medio de una desaceleración de la economía y numerosas protestas.
Desde hace 16 días se mantienen en huelga agricultores en la región de Arequipa con apoyo de organizaciones sociales y sindicales, que se manifiestan contra el proyecto minero Tía María de la empresa Southern Copper, por su negativo impacto en el medio ambiente y la agricultura. Otro ejemplo fue lo ocurrido en enero último, cuando luego de grandes marchas de rechazo tuvo que ser derogada la Ley de Empleo Juvenil, que reducía salarios, compensaciones por tiempo de servicios y vacaciones.
Es de destacar que la República no cuenta con una Ley General de Trabajo y solo 2 de cada 10 trabajadores tienen derechos sociales, de ahí que en sus protestas aparecen demandas como aumento del sueldo mínimo y la anulación de los despidos masivos. Por demás, se trata de un país donde 3 de cada 4 trabajadores laboran de modo informal.
Este año la economía, según estimado oficial, debe crecer un 4,2 %, no obstante, especialistas aseguran que el PIB no llegará al 3% si no se cambia el modelo neoliberal.
Perú es de los 12 países que negocian el Acuerdo de Asociación Transpacífico impulsado por Estados Unidos, el cual establece que las empresas transnacionales que operan en los Estados firmantes pueden evadir las legislaciones nacionales, acudir a tribunales privados externos para resolver sus controversias con los gobiernos y exigir indemnizaciones, con la característica de que los fallos son inapelables. Al respecto se advierte que este sistema de justicia empresarial implica una amenaza a la soberanía nacional al colocar a las grandes corporaciones internacionales al mismo nivel que los Estados.
A principios de este año, bajo el argumento de combatir el narcotráfico y el terrorismo, señala el sitio portalalba.org, el gobierno peruano aprobó la entrada de más de 3 mil soldados de Estados Unidos. Según ese sitio digital, se estima extraoficialmente, la existencia de unas nueve bases militares estadounidenses.
Precisamente, hace tan solo unos días, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Ernesto Samper, propuso la eliminación de todas estas bases militares ubicadas en territorios latinoamericanos.
Por su parte, Ana Jara, comentó estar segura que continuarán las denuncias periodísticas contra hechos como los recién ocurridos.
