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“¿Hasta cuándo los dirigentes sindicales permitiremos el impago a la creatividad de nuestros trabajadores?”, reflexionó Lesvia Rodríguez Gardó, Secretaria General de la Escuela de Hotelería y Turismo de Trinidad durante su intervención en la conferencia de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (Anir) realizada en ese municipio; primera celebrada en la provincia espirituana.
Esta y muchas otras opiniones versaron en torno al incumplimiento de la Ley 38 que establece la remuneración al talento proletario en tanto resulta una cantera imprescindible en el ahorro, el aumento de la productividad, la sustitución de importaciones y la marcha de empresas con maquinarias arcaicas. De acuerdo con el informe presentado en la reunión, alrededor de 400 innovaciones fueron aplicadas en el territorio, lo que se traduce en un efecto económico de 892 mil 700 pesos y representa el 88 % de “las entidades con actividad innovadora que aplican la Ley 38”.
El mencionado documento resalta la creación de un grupo encargado de inspeccionar el cumplimiento de la ordenanza y para ello materializaron unas 136 revisiones y definieron “la falta de control de las innovaciones aplicadas en algunas entidades, la no concertación de los planes temáticos y la morosidad administrativa a la hora de cumplir la legislación” como marcadas insuficiencias que se repiten año tras año.
Temas relacionados con el funcionamiento orgánico, el decrecimiento en la membresía, la disposición de recursos para materializar las tareas temáticas, la no inclusión de los aportes de la Anir en las informaciones económicas discutidas a distintos niveles y la necesidad de modificar la Ley 38 en coherencia con la actualidad devinieron otros planteamientos que enriquecieron el debate de los aniristas trinitarios.
Prestigiaron el encuentro: Alfredo Machado, presidente de la Anir en el país, la vicepresidenta de esa estructura, Tahirí Lizano, Ania Álvarez González, miembro del Secretariado Nacional de la CTC, así como la titular de la organización en Sancti Spíritus, Esperanza Castro, y otros funcionarios del municipio y la provincia.
