La agricultura exige desarrollo

La agricultura exige desarrollo

Discusión del informe presentado por el Ministerio de la Agricultura, durante el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se desarrolla en el Palacio de las Convenciones, en La Habana,Cuba. Foto: AIN FOTO/Marcelino Vázquez Hernández.
Discusión del informe presentado por el Ministerio de la Agricultura, durante el Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se desarrolla en el Palacio de las Convenciones, en La Habana,Cuba. Foto: AIN FOTO/Marcelino Vázquez Hernández.

“La agricultura que se proyecta no puede lograrse sin desarrollo, del mismo modo que sin desarrollo no habrá sostenibilidad”, afirmó Gustavo Rodríguez Rollero, titular del sector, al informar a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre las transformaciones que se viven actualmente para dar respuesta a los Lineamientos del Partido y los objetivos de su primera conferencia.

Uno de los cambios más trascendentales se basa en la separación de las funciones estatales y empresariales, lo cual fue ampliamente explicado y debatido con la participación de miembros del consejo de dirección de la Agricultura y los parlamentarios.

El informe muestra,además, cómo es posible incrementar las producciones agropecuarias en el país a partir de inversiones y la recuperación de la infraestructura agrícola, como es el caso del arroz, que tiene un crecimiento de 291 % comparando la producción del 2008 con la del 2013; la de los frijoles que aumenta un 63 % y el maíz que lo hizo en un 32 por ciento.

Otros incentivos también tienen incidencia en el aumento de la producción, como es el caso de la miel de abejas, que en igual período experimentó un incremento del 37 %, dado esencialmente por una mejora de la política salarial, que incentivó a los apicultores, y a cambios en el suministro de los insumos.

Todavía el país tiene que erogar 2 mil millones de dólares para comprar alimentos en el exterior, de lo cual está demostrado que el 60 % pudiera obtenerse en los suelos de la isla.

Un hecho deplorable es todavía que de los 6,3 millones de hectáreas agrícolas que existen en el país, haya un millón 46 mil (el 16,4 % del total) que califican como ociosas o deficientemente explotadas.

En el sistema de la agricultura trabajan más de 924 mil personas, lo que representa el 13,2 % de la población en edad laboral del país; sin embargo, con ese potencial y el de los suelos solo participa el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Se constató que el bajo índice de áreas con riego (7 %) y los problemas asociados a la calidad de las semillas no favorecen el incremento de los rendimientos agrícolas.

Un diagnóstico a este ministerio posibilitó adoptar medidas concretas en aras de compactar las estructuras para lograr más integración y mejor funcionamiento, con lo cual se origina una reducción del 41 % del personal en el órgano central, delegaciones provinciales y municipales, lo que representa 6 mil 441 cargos y más de 15 millones de pesos que dejan de gastarse por concepto de salarios.

Además del órgano central, las empresas se reagruparán en dos grupos, el ganadero (con 80 empresas y cuatro institutos de investigación) y el agrícola (50 empresas y cinco institutos). Se extinguirá la Unión Nacional de Acopio y los mercados bajo su administración se traspasan al Ministerio de Comercio Interior.

Se mantienen y fortalecen los grupos Labiofam, GELMA (quedará como una de las 11 empresas mayoristas) y se estudia la constitución de una organización superior de dirección a partir de la actual Empresa Nacional para la Protección de la Flora y la Fauna, tomando en consideración la gran extensión de tierras de su patrimonio y la diversificación de sus producciones y servicios.

Se experimentan transformaciones en el sistema cooperativo, ya que este constituye la fuerza principal de los aportes de la agricultura; se extinguieron 298 UBPC y 105 CPA, que no tenían posibilidades de recuperación y se crearon cinco nuevas UBPC.

Se valoró como positiva la venta directa de productos agrícolas a las instalaciones del turismo, la descentralización de los precios de los insumos y la nuevas formas de comercialización que se experimentan en Artemisa, Mayabeque y La Habana.

Un control en 54 UBPC sobre la aplicación de las 17 medidas que se aprobaron para destrabar los nudos que las atan arrojó una calificación de deficiente o mal en el 46 %, estando la peor situación en Artemisa, La Habana, Guantánamo, Cienfuegos y Las Tunas.

Las principales preocupaciones planteadas por los diputados se relacionan con los altos precios de los productos agrícolas, la necesidad de recuperar los programas ganaderos, la difícil situación que viven los pobladores del campo, fundamentalmente los de las regiones más intrincadas y las montañas, el mal estado de los viales, desorganización de la cadena productiva del arroz en Granma, y el mal estado de las redes hidráulicas que trasladan el agua a los polos tabacaleros de Pinar del Río, entre otros.

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