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La última ronda de negociaciones para la creación del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, en inglés),celebrada el pasado mes en Singapur dejó no pocos asuntos pendientes. En el cónclave, que había sido precedido por las sesiones de jefes de delegaciones celebradas días antes en Vietnam, no faltaron las dudas e interrogantes.
En el encuentro previo, en Ciudad Ho Chi Minh, y al que también asistieron expertos de alto nivel, se analizaron asuntos relacionados con el intercambio de mercancías, derechos de propiedad intelectual, inversiones, medio ambiente, empresas estatales y servicios financieros.
Según observadores, los esfuerzos de las últimas citas han estado centradas en tratar de zanjar los obstáculos provenientes de las diferencias entre Tokio y Washington, las dos mayores economías del grupo.
Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, se reunirán en julio próximo para continuar las discusiones bilaterales en aras de tratar de “resolver los problemas existentes” entre economías de diversos niveles de desarrollo.
La declaración ministerial de Singapur señala que las negociaciones continuarán reflejando el deseo común de “crear empleos y oportunidades para los habitantes de los países miembros, así como el crecimiento económico”.
China, potencia económica que no pertenece al grupo, sostiene una actitud abierta ante la propuesta de la Asociación Transpacífica, pero argumenta que “esta debe ayudar al desarrollo del comercio global y a la promoción de un ambiente comercial equitativo”, según lo definió el premier chino, Li Keqiang, en la Conferencia Anual 2014 del Foro de Boao para Asia.
Coincidentemente, en mayo pasado, Estados Unidos y la Unión Europea iniciaron en Washington una nueva ronda de negociaciones encaminadas a la creación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, en inglés) que de concretarse cubrirá el 50 % de la actividad económica global. No obstante, este acuerdo de libre comercio que debe ser firmado el año próximo, avanza con lentitud debido a desacuerdos entre ambas partes.
Los dos convenios interoceánicos son promovidos por Estados Unidos e indudablemente enfilados hacia su hegemonía mundial, se negocian en secreto, a espaldas de la opinión pública, y contienen disposiciones que reformulan el sistema actual de comercio al cambiar las relaciones bilaterales entre Estados, transformándolas en macro-acuerdos entre zonas económicas.
A pesar del alcance limitado de los materiales disponibles, los capítulos filtrados a través de Wikileaks permiten deducir el contenido y su influencia futura en la elevación del poder de las grandes compañías y capitales por encima de los Gobiernos nacionales.
Según el acuerdo Transatlántico, los inversores pueden hacer prevalecer sus derechos corporativos y llevar a tribunales de arbitraje privados normas aprobadas en Parlamentos de las naciones miembros si consideran que estas perjudican sus intereses económicos.
Asimismo, entre otras regulaciones, deja entrever la utilización sin restricciones del fracking (técnica de extracción de gas y petróleo), y productos contaminantes, como arenas bituminosas. Contempla, además, la exoneración a las corporaciones de responsabilidades por accidentes medioambientales, como es el caso del transporte marítimo de hidrocarburos, haciéndolas recaer sobre el contratista que realiza la operación de traslado.
Ambos tratados encuentran resistencia en congresistas de los propios Estados Unidos y parlamentarios de otros países. En el caso del TTIP, se cuentan entre los opositores organizaciones europeas, movimientos ecologistas y sindicatos, que denuncian el proyecto como un ataque a los derechos humanos y a la democracia.
Estos tratados tienen una alta prioridad para Washington, empeñado en mantener su supremacía económica, y en contener el avance de Rusia y China. De concretarse, abrirían puertas a los intereses empresariales privados que prevalecerán sobre los derechos de los Estados.
