El único patrimonio de Rufina

El único patrimonio de Rufina

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Rufina Hernández Rodríguez: “El Derecho norma y establece las pautas de actuación”. | foto: Heriberto González
Rufina Hernández Rodríguez: “El Derecho norma y establece las pautas de actuación”. | foto: Heriberto González

“Vengo de un hogar muy humilde, de un padre campesino y de una madre analfabeta, y si una cosa me enseñó la familia es que el saber constituye un patrimonio verdadero. De ahí que si en algo la he prestigiado es que he intentado conquistar el conocimiento, para poder ser libre e independiente, como dijera el Apóstol”.

Así habla una mujer que sin la Revolución no habría accedido a los estudios superiores. Jueza del Tribunal Supremo Popular, directora de Formación y Desarrollo en esta institución, dos maestrías y un doctorado en fase final compendian la trayectoria de Rufina Hernández Rodríguez.

“Tengo el privilegio de ser de Artemisa, el pueblo que acompañó a Fidel al Moncada. Inicié mi vida profesional en la fiscalía provincial de la otrora Habana, y ya acumulo casi tres décadas de graduada. He pasado por distintas instancias, hasta que 12 años atrás, por decisión propia, me incorporé a los tribunales”.

Rufina es una mujer que ha ido en ascenso…

Siempre he tenido metas y utopías. Soñé con estudiar, conquistar el conocimiento, y también me ha tocado ocupar responsabilidades, cumplir funciones como hija, madre y esposa, las cuales he ido sopesando de acuerdo a las circunstancias. Mi familia ha compartido los deberes en el hogar y ha comprendido mis preocupaciones. Por tanto, los éxitos los asumimos en colectivo.

Estoy satisfecha con lo logrado, aunque tengo la añoranza de terminar mi doctorado, precisamente con el tema que expuse en el recién concluido encuentro internacional Justicia y Derecho: El principio de oportunidad en la doctrina penal contemporánea; encaminado a resolver el conflicto social, más allá de sancionar conductas.

En la justicia restaurativa se pueden buscar otras vías alternativas. Y ese es el propósito, teniendo en cuenta que en estos momentos se desarrollan estudios para la modificación del Código Penal y la Ley de Procedimiento, que deben estar en correspondencia con las transformaciones económicas del país.

Por otra parte, los recursos —tanto del Ministerio del Interior, de la Fiscalía o de los Tribunales— deben centrarse en la investigación y seguimiento de los delitos que afectan los bienes jurídicos más importantes de la sociedad. El resto, conocidos como delitos de bagatela, deben tener otras soluciones.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, hablaba recientemente de “renovación del Derecho y de la actividad jurisdiccional”. ¿Qué entiende usted por ello?

Es atemperar el Derecho. Hoy nuestra sociedad, sustentada en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, se propone actualizar el modelo económico y los juristas debemos acompañar esas transformaciones. De ahí los debates suscitados en torno al nuevo Código de Trabajo y a la Ley de Inversión Extranjera.

Ello trae consecuencias en el sector. El Derecho no solo es declarativo o resolutivo, sino tiene que ejecutarse lo que decidan nuestros órganos. Eso también contribuye al orden y a la institucionalización, a la cual nos llama el Partido.

Como directora de formación y desarrollo en el Tribunal Supremo Popular, ¿cuáles son las líneas fundamentales?

El Tribunal Supremo es un organismo donde los jóvenes se atienden desde el ingreso, por tanto la formación y el desarrollo desempeñan un papel esencial. Todos los años aprobamos una estrategia de superación que tiene muy en cuenta nuestras insuficiencias, tal y como exige el Lineamiento 138, sin obviar las iniciativas y las particularidades de las provincias.

Ese plan se desarrolla direccionado por la Escuela de Formación Judicial. Nuestros profesionales no son únicamente “siervos de la ley”, como dijera Martí, sino se les exige sentido común, justicia, humanidad, solidaridad. Los hombres y las mujeres que vestimos la toga tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de impartir justicia en nombre del pueblo.

A propósito de celebrar próximamente el Día del trabajador jurídico (8 de junio), en honor a ese gran hombre que fue Ignacio Agramonte, creo debemos contribuir a perfeccionar nuestra sociedad, teniendo en cuenta que el Derecho norma y establece las pautas de actuación en correspondencia con los momentos que vivimos.

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