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Por: Vivian Bustamante Molina
La aplicación de dos Decretos Leyes de reciente promulgación y puesta en vigor, que anticipan modificaciones de las normas para un perfeccionamiento del sistema de justicia penal en el país, fueron evaluados este jueves por la comision de asuntos jurídicos y constitucionales del Parlamento cubano.
Los informes rendidos en ese sentido por el Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior permitieron a los diputados conocer acerca de la implementación de los Decretos Leyes
310 y 313, “tarea que ha requerido además, una ardua labor de nuestro grupo permanente de trabajo”, dijo en exclusiva a Trabajadores su vicepresidenta, Rosa Charró Ruiz.
Precisó que los cambios que ya se palpan en materia legal y los por venir, tienen el propósito de facilitar el derecho constitucional de la población, de acceder más fácilmente a la justicia.
Ejemplificó que con las referidas normas hay un beneficio directo para las personas que intervienen en procesos penales, en tanto no tienen que trasladarse al municipio cabecera ni a la provincia. Otra ventaja es que los tribunales provinciales pueden ejercer mayor control y supervisión en la instancia inferior, al disminuir su carga directa de administración de justicia, amplió la funcionaria.
Los diputados reconocieron que de esa forma alcanza mayor dinamismo la impartición de justicia y plantearon inquietudes respecto a la cifra de jueces y fiscales muy jóvenes sobre todo a nivel de municipio.
En el debate se significó que hubo un proceso previo de preparación de ese personal en función de las nuevas misiones, lo cual no implica que todo sea perfecto.
Por ello hay un monitoreo sistemático en relación a cómo se cumplen esas decisiones, “todo un reto, pero resulta que la evaluación general es mucho más positiva que las imperfecciones, factibles de ser corregidas”, subrayó Charró Ruiz.
La aplicación de una disposición que determina el tratamiento administrativo a delitos, por los cuales pueden ser aplicadas multas dada su escasa entidad o condiciones personales de los comisores, también fue analizada en la segunda y ultima jornada de debates de la comisión, previa al segundo período ordinario de sesiones del máximo órgano de Gobierno convocada para este viernes.
Esta tarde, la mencionada comisión tiene la responsabilidad de discutir en plenario con el resto de los diputados, el proyecto de Código de Trabajo, luego de varios meses de debates, en los que participaron más de dos millones de trabajadores, incluidos quienes laboran en misiones fuera del país.
Sin dudas ha sido un proceso enriquecedor para el texto final que debe aprobar el Parlamento, “de gran trascendencia porque contribuirá a fortalecer el derecho constitucional al trabajo y la disciplina laboral, en función de elevar la eficiencia”, puntualizó la vicepresidenta de la comisión permanente de asuntos jurídicos y constitucionales.
