Cargando...Yarelis Díaz Paneca suscribe su carta a Buzón abierto en nombre de su madre Catalina Paneca Iglesias, vecina de la barriada de Lawton, Diez de Octubre, La Habana, a la cual le fue asignado, en el año 2005, un local en este mismo barrio capitalino, parte de una bodega, para convertirlo en vivienda. Esa familia convivía en un cuarto, prestado por el padre del hijo de Catalina, que la incluía a ella, su hijo, la propia Yarelis y su nieta Thalía, niña de nueve años que padece de una alergia crónica y asma bronquial.
Catalina es trabajadora de la unidad básica de Lawton, perteneciente a la empresa municipal de Comercio y Gastronomía y como la entrega de este local afectaba los servicios de la bodega, su empresa decidió cambiarle el sitio.
Entre el 2007 y marzo del 2008 Yarelis comenzó la construcción de su vivienda, pues el local se encontraba en muy malas condiciones y fue en el 2009 que recibió la regulación urbana y la licencia de construcción.
Debido a problemas de salud de su madre y suyos, y el paso de su hermano por el servicio militar activo se les imposibilitó junto con los problemas económicos, avanzar en la construcción. Pero conoció a través de una compañera de la unidad municipal inversionista de la vivienda (UMIV) a otra trabajadora de la empresa constructora EMPOMAP, con necesidad de vivienda, quien le explicó la posibilidad que existía de hacer un convenio con esa empresa, para fabricar dos viviendas en el local, una para la familia de Yarelis y otra para EMPOMAP.
Para ello la UMIV representaría a Catalina y a su hija, pues por ser personas naturales no podían hacer contratos con empresas estatales.
Atendiendo a lo convenido se comenzó la construcción en enero del 2012 y unos días antes de la fecha pactada para la entrega, 31 de agosto del 2012, el jefe de la obra le aconsejó a Yarelis que revisara los papeles en la UMIV.
“Cuando me dirijo a la UMIV el director nuevo en el cargo manifestó que no tenía conocimiento de los trámites a realizar y me citó para otro día. No obstante para ir ganando tiempo vi a la técnica”, explica Yarelis.
“Ella me mostró el expediente y es cuando me percato que el convenio hecho entre la UMIV y EMPOMAP, donde quedaba claro que una vivienda sería otorgada a mi madre, no estaba firmado por el director, y la compañera me confirma que sí existía uno firmado, pero no especificaba que la casa iba a ser concedida a mi mamá, solo al fondo de vivienda, desconociéndose al propietario del lugar, o sea supuestamente había dos contratos, uno firmado y otro no”, añade a su explicación.
En la entrevista planificada con el director de la UMIV, le aseguraron a Yarelis que en el contrato no se le otorgaba directamente la casa a su madre, pero que si ella tenía los documentos del local, no tenía de qué preocuparse”. Pero en agosto, cuando la vivienda ya estaba en terminación, el director de la UMIV le dijo que él no sabía si la casa era para ella o para un albergado.
Por no haber sido llamada ni haber recibido respuesta de una carta enviada a las autoridades, Yarelis y Catalina cometieron el error de ocupar ilegalmente la vivienda, y continuaron con la presentación de su queja en distintas instancias. Por supuesto, vino la orden de extracción de la vivienda con la policía y hoy disfrutan de su supuesta casa otras dos familias.
Después de seis años de reclamos sobre el local que le fue asignado legalmente a Catalina, su hija plantea las siguientes interrogantes:
Todas las instituciones a las que escribí rebotaron el caso hacia instancias inferiores u otros organismos, ¿este es el estilo para resolver los problemas?
“Si alguna de esas entidades cometieron errores o ilegalidades, ¿por qué no lo reconocen y enmiendan, en lugar de optar por afectar a mi familia?” Esta familia perdió el local, no pudieron disfrutar de la casa, les han pasado gato por liebre.
(Leslie Alonso Figueroa, estudiante de Periodismo)
