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Georgina Camacho Leyva
La región del Catatumbo está ubicada al noreste de Colombia, en el departamento Norte de Santander, una región localizada en las elevaciones de la Cordillera Oriental de los Andes, en los límites fronterizos con el estado venezolano de Zulia. A través de sus tierras se extiende el río que le da nombre y que tributa sus aguas en el lago Maracaibo.
Esta comarca, marcada en el presente por un agudo conflicto, tiene una población aproximada de 200 mil campesinos y unas 23 comunidades originarias, donde vive el pueblo indígena Motilón Bari. Considerada una de las reservas forestales nacionales, su variedad de climas y suelos favorecen cultivos como el café, cacao, maíz, frijol, arroz, plátano y yuca; sus corrientes fluviales poseen diversidad de peces; cuenta con grandes recursos forestales, faunísticos y minerales, principalmente carbón y abundante petróleo de alta calidad.
El Catatumbo, de gran importancia geopolítica y geoeconómica, se convirtió después de la I Guerra Mundial en zona de explotación petrolera controlada por empresas que desde entonces comenzaron a apropiarse de sus principales beneficios.
Desde entonces, gran cantidad de agricultores e indígenas han sido violentados para apropiarse de sus tierras. Actualmente empresas, tanto locales como foráneas, pretenden construir infraestructura para grandes proyectos industriales, así como para la explotación de minas de carbón a cielo abierto, actividad que los lugareños aseguran afecta el medio ambiente y a las comunidades que allí habitan.
Esta situación motivó que comenzaran revueltas pacíficas extendidas por más de un mes, y que han sido reprimidas, como se sabe, con saldo de cuatro campesinos muertos y más de 30 heridos. Miles de colombianos expresan su indignación por las acciones del ejército y la policía, también organizaciones internacionales, entre ellas la representación de la Organización de Naciones Unidas en el país, que acaba de denunciar la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en el Catatumbo, con uso excesivo de la fuerza por las autoridades, en un territorio que carece de electrificación, agua potable, alcantarillado y acceso al trabajo digno.
Unos 16 mil agricultores se han sumado a las protestas debido a la desatención del Estado sobre esta región que, según numerosos medios, ha sido “laboratorio de guerra”.
En las protestas se exige la declaración de una zona de reserva campesina; la suspensión de la campaña de erradicación de la hoja de coca y la sustitución paulatina de cultivos ilícitos; el fin de los grandes proyectos de minería y agroindustria que benefician a las empresas extranjeras, además de reclamar subsidios para mitigar la crisis alimentaria, el acceso a la salud y la pavimentación de las precarias vías existentes.
El Gobierno, que había condicionado la permanencia de la mesa de diálogo al cese de las protestas, restableció las conversaciones el fin de semana con la presencia del vicepresidente Angelino Garzón, con el encargo de generar una hoja de ruta que permita avanzar en la búsqueda de soluciones. De esta forma el Ejecutivo trata también de evitar los paros en el sector minero y agrícola, previstos para los próximos meses en apoyo a los campesinos.
Los líderes agricultores ratificaron por su parte que solo cuando se discuta el pliego de exigencias y se logre un compromiso formal se levantará el paro.
La infundada relación entre los campesinos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) había motivado la suspensión de uno de los encuentros con representantes gubernamentales. Ante tal acusación, la fuerza insurgente ratificó esta semana desde La Habana, donde se realizan los Diálogos de Paz, que no tiene participación alguna en las protestas del Catatumbo.
