Trabajadores

Aguada respuesta sobre ron a granel

Foto: Heriberto González

Pocas veces había quedado tan desconcertado  ante una respuesta oficial a un trabajo periodístico   de mi autoría. Ello me ocurrió al leer el escrito   enviado —vía correo electrónico— por Pedro   López, director general de la Unión de Empresas   del Comercio y la Gastronomía de La Habana,   luego de la publicación en nuestras páginas, el   pasado 18 de marzo, de un reportaje sobre muy   diversas anomalías detectadas en la venta de ron   a granel en la capital. Trabajadores divulgó con   suficientes argumentos —y no es primera vez que   lo hace— el tremendo desorden, las adulteraciones   inconcebibles, y la impunidad increíble para   las “maldades” que prevalecen en la comercialización   de ese producto.

Para la realización del reportaje los reporteros   visitamos nueve unidades de Diez de Octubre, Centro   Habana, Plaza de la Revolución, Arroyo Naranjo   y Boyeros. Y ahora nos llegan solo dos párrafos como   respuesta de la Unión de Empresas.

Textualmente dicen: “Para dar respuesta al artículo   periodístico publicado el lunes 18 de marzo del   año en curso, ambos casos fueron trabajados por la   Empresa Provincial de Comercio, por técnicos de protección   al consumidor de las unidades básicas de Diez   de Octubre y Arroyo Naranjo. El artículo se refería al   recorrido efectuado por usted y la compañera Martha   Perdomo, inspectora de la Empresa de Bebidas y   Licores, en el cual comprobaron que el grado del ron   que se expendía en la unidad 218, ubicada en Diez de   Octubre y Santa Emilia, de la unidad básica de Comercio   de Diez de Octubre, era de 20.6 grados; y en la   unidad 1854, en María Auxiliadora y Tercera, de la   unidad básica de Comercio de Arroyo Naranjo, el grado   de un tonel era de 23.4 grados, debiendo ser de 32   grados, por lo que existía adulteración del producto.

“Al respecto debemos señalar que según consta en   el expediente de la investigación de cada unidad básica   referida, se aplicaron las medidas disciplinarias   a los implicados. Al administrador de la unidad 218   se le aplicó una cautelar por 30 días para profundizar   más en la investigación y se le solicita separación   definitiva, consistente en democión del cargo por seis   meses a dependiente”.

¿Quién dijo que los reporteros de Trabajadores visitaron   solo dos lugares? En uno de ellos —en Santa   Emilia y Diez de Octubre— sucede algo muy extraño,   pues se le solicita “separación definitiva consistente   en democión del cargo por seis meses a dependiente”,   y esas son dos sanciones diferentes, o una u otra.

¿Cuál fue el análisis en la otra unidad,   la de María Auxiliadora y   Tercera? ¿Qué se investigó en   el resto de los centros visitados   donde también se vendía   ron con bajo grado alcohólico?   ¿No hay nada que decir   del estado calamitoso de las   unidades de comercialización,   ni del planteamiento de que   la empresa no da nada   para la higiene de esos   lugares? ¿Y qué hay del   personal ajeno a la unidad   dedicado a la venta   del ron?

Las medidas de que   habla la respuesta de   la Unión de Empresas   apuntan a los vendedores.   ¿Y con el resto   del sistema qué ocurre? ¿Será que siempre la cadena   se rompe por su eslabón   más débil?

La ocasión se pinta   sola para reiterar la impunidad   observada, porque quienes de tal manera   timan y ponen en peligro la salud de los consumidores, lo hacen a sabiendas de que muy difícilmente   serán sorprendidos; apuestan a que nada   sucederá.

Mientras las autoridades —fundamentalmente   las de Comercio— no tomen cartas en el tema,   las agresivas adulteraciones, impunidades y otras   indisciplinas continuarán engrosando malsanamente   los bolsillos de algunos a costa de las   arcas y la salud de la población.